Tras tres días de negociaciones que se prolongaron hasta la madrugada, los cuarenta países participantes en la Cumbre del Atlántico firmaron este miércoles la llamada Declaración de Lisboa, un acuerdo que compromete a los firmantes a triplicar su inversión conjunta en energías renovables antes de 2032 y que crea, por primera vez, un fondo común de transición para las regiones más dependientes de la industria fósil.
El texto, de 42 páginas, fija objetivos verificables cada dos años y un mecanismo de revisión independiente, la principal exigencia del bloque nórdico durante las negociaciones. "No es un acuerdo de máximos, es un acuerdo de cumplimientos", resumió la presidenta de la cumbre en la rueda de prensa final.
Un fondo de 300.000 millones
La pieza central del pacto es el Fondo Atlántico de Transición, dotado con 300.000 millones de euros para el periodo 2027-2035. El dinero se destinará a reconvertir polos industriales, formar a trabajadores de sectores en declive y financiar redes eléctricas transfronterizas. Las regiones candidatas podrán presentar proyectos a partir del próximo marzo.
"Ninguna comarca minera, ninguna ciudad refinera se va a quedar atrás. Esa es la letra y el espíritu de este acuerdo."
Fuentes de la negociación reconocen que el reparto del fondo fue el punto más áspero de la cumbre. La fórmula final combina población afectada, dependencia industrial y renta per cápita, un esquema que beneficia a las economías del sur y del este del arco atlántico.
Reacciones y próximos pasos
Las principales organizaciones ecologistas valoraron el acuerdo como "un paso serio, aunque tardío", mientras que las patronales energéticas pidieron "certidumbre regulatoria" para movilizar la inversión privada que el plan da por descontada: por cada euro público, el texto asume tres de capital privado.
La declaración deberá ser ratificada ahora por los parlamentos nacionales antes de junio de 2027. La próxima revisión de objetivos se celebrará en Montevideo, sede confirmada de la siguiente edición de la cumbre.